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12-05-2014

Una sentencia del TS acoge la tesis defendida por AddVANTE

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo acoge la tesis defendida por el bufete AddVANTE respecto la interpretación de la reforma laboral.

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Esta sentencia del Tribunal Supremo avala que las “comisiones representativas de los trabajadores” puedan impugnar despidos colectivos en ausencia de comité o delegados sindicales y cuando en una empresa no exista representación legal o sindical que pueda interponer la correspondiente demanda, tal como AddVANTE hizo valer ante el TSJ Catalunya en la primera Sentencia dictada tras la reforma laboral. 

Estas comisiones que representan a los trabajadores de una empresa son elegidas ad hoc en procesos de despidos colectivos y otras medidas laborales de crisis cuando no existen representantes legales para poder recurrir ante los tribunales contra tales medidas

Tal como comentan Moisés Álvarez y Jesús Selma, abogados y socios del Área legal de AddVANTE encargados de la defensa de los representantes de los trabajadores, “esta sentencia resulta de vital importancia a fin de despejar las dudas que planteaba el redactado literal de la “reforma laboral”, que parecía otorgar sólo a los representantes clásicos -comité y delegados- la legitimidad para impugnar judicialmente un despido colectivo”. 

En este sentido, el fallo del Supremo señala que una interpretación literal y estricta de la reforma de 2012 impediría la impugnación por parte de esas comisiones ad hoc , "vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores, además de desvirtuar por completo el periodo de consultas desarrollado con este tipo de representantes elegidos en defecto de comité o delegados". 

Así, en caso de interpretar que las comisiones representativas carecen de legitimidad para impugnar el ERE, el periodo de consultas "planearía la amenaza de que, de no alcanzarse un acuerdo con la comisión ad hoc, la decisión de la empresa devendría irrevocable, sólo pendiente de las eventuales acciones individuales de los trabajadores afectados", las cuales tienen una "finalidad distinta". 

Por ello, el TS considera que "no es factible admitir que la dinámica y el alcance de las herramientas de defensa y de conflicto entre las partes sean distintas según se haya constituido o no representación legal o sindical". 


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