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Artículos & opinión


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02-06-2016

El Código de Consumo de Cataluña refuerza la protección de los deudores hipotecarios

El TC ha acordado levantar la suspensión de determinados preceptos que reforman el Código de Consumo de Cataluña y cuya aplicación había quedado suspendida por la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Presidente del Gobierno


El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar que recaía sobre determinados preceptos de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación del Código de Consumo de Cataluña. El TC ha acordado levantar la suspensión, entre otros preceptos, de unos que tienen especial incidencia para los consumidores de préstamos y créditos hipotecarios. 

Entre dichos preceptos cuya suspensión se levanta se encuentra el que establece que, en los casos de ejecución de la vivienda habitual, antes de la interposición de reclamaciones por vía administrativa o judicial, las partes deberán acudir a la mediación o al arbitraje. 

La medida adoptada por el pleno del TC también afecta al que señala qué cláusulas en los contratos de créditos y préstamos hipotecarios han de considerarse abusivas. Dichas cláusulas son:

- Las que incluyan un tipo de interés de demora superior a tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento de la firma del contrato. 

- Las que fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado y tengan al menos una de las siguientes características:

  • Que se haya fijado un límite a la bajada del tipo de interés, pero no a su subida.
  • Que el límite establecido a la bajada de los tipos de interés sea superior al 50% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en el contrato, con la única excepción de los límites que se establezcan en el 1%, supuesto en que dicha limitación porcentual del 50% no se aplica. 
  • Que la diferencia entre el límite fijado en el contrato para la subida y la bajada de los tipos de interés sea superior a 5 puntos.

Este último precepto hace referencia a las conocidas cláusulas suelo y que, si se mantiene la vigencia, serán protagonistas recurrentes en sede judicial pues van más allá de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo para apreciar la abusividad de las cláusulas suelo, objetivando la norma catalana la apreciación de dicho carácter abusivo. 

Finalmente, también en materia hipotecaria encontramos el artículo 20, cuya suspensión se levanta en uno de sus apartados, el que se establece que “el prestamista no puede conceder el crédito o préstamo hipotecario si el resultado de la evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo. En este caso, el prestamista debe advertir por escrito a la persona consumidora de la imposibilidad de concederle el crédito”. El TC entiende que la aplicación de este precepto podría causar una “restricción directa e inmediata en el acceso al crédito” y perjuicios “a los intereses particulares tanto de las entidades prestamistas como de sus clientes”. 

Tal como se aprecia, el legislador catalán continua con la promulgación de normas de protección al consumidor, no exentas de disputa por cuestiones competenciales con el Estado Central. 

Entre estas normas protectoras cabe destacar, por su importancia, la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Dicha ley regula un proceso de insolvencia del consumidor paralelo al establecido en la Ley Concursal estatal y la denominada “Ley de segunda oportunidad”. Dicha norma prevé una posible exoneración o cancelación de su pasivo no satisfecho siempre que se acoja a los procedimientos regulados en dicha ley para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento. Además, a diferencia de la regulación estatal, el legislador catalán extiende esta cancelación de pasivo a los fiadores de los consumidores deudores siempre que entre este y aquél exista una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el tercer grado (hasta bisabuelos o bisnietos en la línea de parentesco por consanguinidad ascendente o descendente o si se trata de línea colateral hasta primos hermanos). Dicho precepto complementa las previsiones del Código de Consumo catalán (art.132-4).
 
 







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